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La demandante impugna la cláusula sexta del contrato relativa al interés de demora, pues considera que el tipo de interés establecido del 20% es abusivo ya que, conforme a lo establecido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en relación al artículo 114 de la Ley Hipotecaria, el tipo de interés de demora en el presente procedimiento no puede ser superior al 12%, dado que el interés legal del dinero para el año 2013 es del 4%.

Por ello la demandante aduce que procede declarar su nulidad al amparo del artículo 85.6 LCU y que no es admisible su recálculo conforme a la citada Ley, porque no cabe integrar la voluntad de las partes manifestada en el contrato. La cláusula que se impugna, relativa a los intereses de demora, es una cláusula predispuesta, no negociada individualmente, de carácter abusivo y a la que resulta de aplicación la LCU.

En base a lo expuesto por la demandante y al amparo de la LCU, el juez considera desproporcionadamente alto el interés moratorio fijado, por cuanto una penalidad de 18,75% es a todas luces excesiva cualquiera que sea el parámetro que se utilice para efectuar el juicio comparativo y juzgar la proporcionalidad de la sanción.

Dicha cláusula 6ª que recoge los intereses de demora, es declarada abusiva y por ello es posible declarar su nulidad, ya que resulta improcedente proceder a un recálculo del tipo de interés en base a lo referido en la disposición transitoria de la Ley 1/2013.

En consecuencia, el tribunal declara nula la cláusula de intereses moratorios por abusiva, se elimina la cláusula del contrato, que deja de producir efectos jurídicos, y se integra el contrato, con base en el artículo 1108 CC, estableciendo que la indemnización por daños y perjuicios por mora del deudor se determinará con arreglo al pacto sobre intereses remuneratorios establecido en el contrato.

El juzgado de Primera instancia número 2 de La Bañeza ha fallado a favor de la Junta de Vecinos de la pedanía de Nogarejas, que invirtió 70.000 en obligaciones subordinadas en el año 2008 adquiriendo más de 70 títulos de Caja España. El magistrado ha declarado nulo el contrato de obligaciones subordinadas y obliga a la entidad a devolver el dinero invertido por la entidad local menor y, además, compensar los intereses legales de la cantidad cobrada. Dicha sentencia también impone a la localidad devolver las cantidades que recibiera en concepto de intereses.

Esta sentencia se suma a la dictada el año anterior por la contratación de unas participaciones preferentes en la misma entidad bancaria, en las que dicha junta vecinal había invertido 1,2 millones de euros. Tras conseguir una sentencia favorable del juzgado de instancia, ésta fue confirmada por la Audiencia Provincial tras el recurso interpuesto por Caja España.

Este fallo judicial les permite recuperar el dinero invertido, aunque sea una cantidad muy inferior a la de la anterior sentencia. Sin embargo, ambas sentencias se fundamentan en el mismo principio: la vulneración del derecho a la información, que se traduce en la inexistencia de consentimiento para la firma de los contratos, al no recibir los clientes toda la información necesaria para conocer los productos que iba a adquirir.

En el escrito del juez puede leerse que Caja España, entidad con la que la población solía colaborar, realizó una labor de asesoramiento con las autoridades de la localidad, que desconocían el producto, por lo que sí existió una recomendación personalizada, sin que esto indique que se cumplieran los requisitos legales necesarios: información clara y precisa, test de idoneidad, pruebas en distintos campos o conocimiento del perfil inversor del cliente. Información necesaria para la contratación de productos complejos como las obligaciones subordinadas.

Ésta, como muchas otras sentencias falladas a favor de los afectados, se basa en la vulneración del derecho a la información y el abuso de la confianza que los clientes tienen puesta en su «banco de toda la vida».

Una nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid anula un contrato de participaciones preferentes, alegando para ello, que la entidad bancaria incumplió su obligación de informar a los clientes, incurriendo por ello en un error por vicio del consentimiento.

Los afectados una pareja, con estudios básicos y sin perfil inversor suscribieron un contrato de preferentes con la entidad bancaria Bankia por un importe de 30.000€ en mayo de 2009, con carácter perpetuo. En el momento de la firma, la demandante firmó el teste de conveniencia, así como un resumen de emisión de participaciones preferentes, texto de difícil comprensión para una persona con la formación y sin experiencia como la afectada.

Se desprende del escrito del juez una total falta de información durante el proceso de adquisición de las participaciones preferentes, al tiempo que se omitía cual era la situación real de Caja Madrid (en situación de preinsolvencia), siendo rescatada al poco tiempo con fondos públicos, siendo estos datos imprescindibles e ineludibles.

A efectos de lo contenido en los artículos 79 y 79 bis de la ley de mercado de valores, no se considerará que las empresas de servicios de inversión actúen con transparencia y diligencia:

• Si en relación a la provisión de un servicio pagan o reciben honorario o comisión.
• Si no prestan toda la información necesaria para la comprensión del producto.
• Si la información prestada no es clara, transparente y veraz.
• Si no se proporciona toda la información pertinente sobre la entidad y sus servicios.
• Si no se estudia en profundidad los conocimientos de cada cliente o posible cliente. (test de idoneidad y conveniencia).

El contrato suscrito por los demandantes no cumplía prácticamente ninguno de los preceptos necesarios. El juez, por lo tanto, expone una total falta de información y al mismo tiempo un incumplimiento de los preceptos de la ley señalada.

Los demandantes exigían la nulidad de los contratos firmados, debido a un vicio del consentimiento, pues se les hizo adquirir un producto complejo y de máximo riesgo, de carácter perpetuo mientras la situación fiscal de Caja Madrid era insostenible, quebrantando, en todo caso, el deber de información y la diligencia profesional, dando lugar a un conflicto de intereses, todo lo cual sumado origina una responsabilidad contractual.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria, rechazando un recurso interpuesto por la entidad financiera Bankia, se reafirma en la sentencia anterior del juzgado de Primer Instancia número 1 de Torrelavega y condena a esta a devolver 1,1 millones de euros a una pareja que firmó diversos contratos de preferentes y deuda subordinada entre 2009 y 2011.

La primera sentencia con fecha en enero de 2014, condenó a la entidad Bankia a devolver la cantidad de 1,1 millones de euros, por el importe de los contratos más los intereses devengados hasta la fecha, descontando los rendimientos obtenidos por la pareja. La nueva sentencia, no hace si no, ratificar aquel primer fallo, aunque todavía cabe recurso contra esta.

Según se desprende del escrito, los afectados suscribieron varios contratos de preferentes y deuda subordinada con Bankia, por un valor total de 1.150.000 euros. En la defensa, la entidad alega que actúo sólo como intermediaria entre Caja Madrid Finance Preferred, que era quien emitía este tipo de productos.

La Audiencia recalca el hecho de que en los documentos firmados aparezca el membrete de Caja Madrid (ahora Bankia), los afectados contrataron el producto en sus oficinas, y además, ambas pertenecen al mismo grupo empresarial. Además, es preciso señalar, que es la misma entidad la que lleva a los afectados al error en la firma del contrato, al no ofrecer toda la información necesaria y al ofrecer un producto de tan alto riesgo a unos clientes minoristas, sin un claro perfil inversor.

La entidad, por su parte, alega que se les entregó toda la documentación necesaria para conocer el producto en profundidad y achaca el problema a una falta de diligencia de los afectados a la hora de recibir dicha información.

En contra de la contestación de la entidad, la Audiencia señala que la firma de unos documentos modelo, no significa que los clientes hayan leído y entendido la totalidad de las cláusulas documentales, y además, cabe señalar que no todas las páginas estaban debidamente firmadas.

La sentencia dictada, señala en cambio, que el error se debió a una importante falta de información por parte de la entidad sobre la realidad de sus productos, al tiempo que se aprovecharon de la confianza depositada por los afectados en el banco de toda la vida. Para el juez, los afectados, contrataron el producto desconociendo lo que estaban firmando, por ellos se ratifica en la sentencia de anulación.

La Audiencia provincial de Cantabria anula una cláusula suelo abusiva de un contrato hipotecario, al declararla nula. Esta sentencia ratifica una sentencia anterior dictada por el juzgado de lo Mercantil de Santander, que ya la declaró nula por considerar que era una cláusula abusiva y condenó asimismo a la entidad a devolver al cliente afectado las cantidades cobradas indebidamente.

La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria, señala que el hecho de que la cláusula aparezca a parte, no acredita de ningún modo que se ejerciera un control de transparencia adecuado. Tampoco se acredita por parte de la entidad que se ofreciese toda la información necesaria al cliente afectado, negando una información vital sobre las previsiones de los intereses a corto y largo plazo y sobre el contenido de dicha cláusula abusiva.

También se señala en el escrito que no se le hicieron al cliente, en la fase anterior a la firma del contrato, todos los tests de idoneidad, ni tampoco se practicó ninguna simulación de escenarios diversos en relación con los posibles comportamientos de los tipos de interés. Parece evidente, pues, que existe una clara desproporción y un enorme desequilibrio en el reparto de los riesgos sobre la variabilidad de los tipos de interés entre las partes.

En el fallo también se detalla que desde la firma del contrato (año 2006), hasta el momento de la sentencia, se han producido varias bajadas de los tipos de interés referencial, y cuando se ha producido una subida de los mismos ha sido imperceptible. Sin embargo, la entidad dí que tuvo la previsión de colocar una cláusula techo al 9%, a sabiendas de que resultaría imposible que el interés referencial alcanzara tales cotas.

Desde el tribunal explican que cualquier riesgo en la variación del tipo de interés da cobertura a la entidad y frustra al cliente que se ve impedido de beneficiarse de una baja de cuotas debido a la aplicación de esta cláusula abusiva. Por último, cabe señalar que este no es un contrato de interés variable, ya que la cuota de interés queda fijada en 3,750%.

El Juzgado de Primera Instancia de refuerzo de La Coruña ha dictado una sentencia que condena a la entidad Bankia a devolver 430.000 euros a un cliente que había adquirido participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en 2008.

El demandante quiso invertir la totalidad de la indemnización que había recibido por las graves lesiones sufridas en un accidente de tráfico.

La resolución apunta a la ausencia de información proporcionada a la familia del afectado, que gestionó de manera directa la inversión, con relación a las características y riesgos de dicho producto, por lo que declara también la nulidad de los contratos de suscripción de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.

Además de la cantidad fijada por el juez, el demandante recibirá los intereses legales desde la fecha de suscripción de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, y devolverá a la entidad bancaria los intereses percibidos.

Desde Sin Cláusulas que seguimos los avances del juicio opinamos que, la situación resulta especialmente injusta en este caso, al tratarse del importe íntegro de una indemnización percibida por las graves secuelas de un accidente de tráfico, cuyo uso es necesario para la ayuda en la vida diaria del afectado y sus futuros cuidados.

La entidad, con conocimiento de causa sobre las circunstancias familiares y su deseo de no arriesgar dicho capital, aconsejó la compra de un producto inadecuado y no informó sobre sus riesgos, ocasionado graves pérdidas.

Este no es el primer caso de una entidad que tiene este tipo de comportamientos, ya que durante un tiempo fue práctica habitual la venta de preferente por parte de ciertos bancos, estas entidades trataban de vender este tipo de productos peligrosos a cualquier persona que pudiese aportar un mínimo capital. En la mayoría de los casos, eran clientes sin un perfil inversor a los que nunca se les informaba de lo que, en realidad, estaban adquiriendo.