La Comisión Nacional del Mercado de Valores multa con 7 millones de euros a la Caixa y con 2 millones al Banco de Santander por la venta de preferentes. Otras empresas no financieras, como Pescanova también han sido multadas por la entidad por realizar prácticas irregulares durante la época de crisis financiera.
La CNMV ha sancionado a Caixabank y Banco de Santander por haber cometido infracciones valoradas como «graves y muy graves«, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, que recoge las tres resoluciones (una de ellas contra Pescanova) del supervisor de este organismo fechadas el 10 de noviembre pasado.
Preferentes en CaixaBank
En el caso de CaixaBank, el organismo presidido por Elvira Rodríguez ha impuesto tres multas, juntas suman un importe de siete millones de euros. Todas ellas están relacionadas con la venta de participaciones preferentes y otros productos financieros tóxicos y complejos. Estas sanciones han sido impuestas mediante una orden ministerial el 7 de mayo de 2014 y han sido publicadas recientemente en el BOE una vez han sido declaradas firmes en vía administrativa.
En concreto, la CNMV sanciona a la Caixa con tres millones de euros por la comisión de una infracción muy grave por «haber cometido deficiencias significativas en los procesos de comercialización de los productos» y por no valorar correctamente la conveniencia de estos productos para sus clientes y venderlos sin advertir de los peligros de estos productos complejos.
Impone una segunda multa de dos millones de euros, por una infracción muy grave al no evitar los conflictos de interés que se daban al intermediar en operaciones de sus clientes sobre preferentes y deuda subordinada a un precio superior al del mercado al tiempo que comerciaba con otras a mejores precios.
Comisiones ilegales del Santander
Banco de Santander ha sido multado con 2 millones de euros debido a las comisiones ilegales que Banco Banif (filial de banca privada absorbida en 2013). La CNMV considera que Banif cometió una infracción grave al incumplir durante ocho meses el deber de actuar con transparencia y diligencia en interés de sus clientes al haber percibido comisiones ilegales.