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Caja España devuelve 70.000 euros de obligaciones subordinadas

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El juzgado de Primera instancia número 2 de La Bañeza ha fallado a favor de la Junta de Vecinos de la pedanía de Nogarejas, que invirtió 70.000 en obligaciones subordinadas en el año 2008 adquiriendo más de 70 títulos de Caja España. El magistrado ha declarado nulo el contrato de obligaciones subordinadas y obliga a la entidad a devolver el dinero invertido por la entidad local menor y, además, compensar los intereses legales de la cantidad cobrada. Dicha sentencia también impone a la localidad devolver las cantidades que recibiera en concepto de intereses.

Esta sentencia se suma a la dictada el año anterior por la contratación de unas participaciones preferentes en la misma entidad bancaria, en las que dicha junta vecinal había invertido 1,2 millones de euros. Tras conseguir una sentencia favorable del juzgado de instancia, ésta fue confirmada por la Audiencia Provincial tras el recurso interpuesto por Caja España.

Este fallo judicial les permite recuperar el dinero invertido, aunque sea una cantidad muy inferior a la de la anterior sentencia. Sin embargo, ambas sentencias se fundamentan en el mismo principio: la vulneración del derecho a la información, que se traduce en la inexistencia de consentimiento para la firma de los contratos, al no recibir los clientes toda la información necesaria para conocer los productos que iba a adquirir.

En el escrito del juez puede leerse que Caja España, entidad con la que la población solía colaborar, realizó una labor de asesoramiento con las autoridades de la localidad, que desconocían el producto, por lo que sí existió una recomendación personalizada, sin que esto indique que se cumplieran los requisitos legales necesarios: información clara y precisa, test de idoneidad, pruebas en distintos campos o conocimiento del perfil inversor del cliente. Información necesaria para la contratación de productos complejos como las obligaciones subordinadas.

Ésta, como muchas otras sentencias falladas a favor de los afectados, se basa en la vulneración del derecho a la información y el abuso de la confianza que los clientes tienen puesta en su “banco de toda la vida”.

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