Sin cláusulas

La Fiscalia contra la anulación de las cláusulas suelo

La Fiscalía considera que la mejor manera de enfrentarse a las 15.000 demandas de cláusulas suelo abusivas contra un centenar de entidades bancarias es analizarlas por separado. El Fiscal alega que, en muchos casos, esta cláusula fue pactada entre banco y cliente. Las entidades financieras coinciden con esta versión, y recuerdan que algunas se han aplicado a empresas (no a consumidores) y que se firmaron cuando ya se conocía qué eran y las implicaciones económicas que pudieran tener. La Fiscalía se apoya en las resoluciones de algunas audiencias provinciales, que también comparten este criterio y que han obligado a las entidades financieras a devolver el dinero cobrado de forma retroactiva. Recordemos que el Tribunal Supremo anuló este tipo de cláusulas siempre que no se cumplieran los requisitos de transparencia por parte de las entidades financieras. Eso es precisamente lo que argumentan los bancos. En un intento de mantener este tipo de cláusulas abusivas en sus contratos alegan que las cláusulas suelo son legales a no ser que sean opacas, y que en muchos casos el demandante no es un consumidor, sino una persona jurídica, y que entre las demandas hay contratos que se firmaron a partir de 2009, fecha en la que ya se conocía en qué consistían este tipo de cláusulas. Esta semana, sin ir más lejos, el presidente de Banco Popular, Ángel Ron, recordó que las cláusulas son legales y que la entidad ha cumplido todos los criterios exigidos y ha respetado las reglas en su comercialización. Por su parte, representantes de algunas organizaciones de defensa del consumidor y plataformas de afectados por las entidades bancarias han cifrado en 200 euros mensuales el perjuicio económico que han sufrido los demandantes por la cláusula suelo, también han asegurado que el sector financiero se lleva entre 4.000 y 5.000 millones de euros de modo fraudulento por esta práctica.

La Fiscalía considera que la mejor manera de enfrentarse a las 15.000 demandas de cláusulas suelo abusivas contra un centenar de entidades bancarias es analizarlas por separado. El Fiscal alega que, en muchos casos, esta cláusula fue pactada entre banco y cliente. Las entidades financieras coinciden con esta versión, y recuerdan que algunas se han aplicado a empresas (no a consumidores) y que se firmaron cuando ya se conocía qué eran y las implicaciones económicas que pudieran tener. La Fiscalía se apoya en las resoluciones de algunas audiencias provinciales, que también comparten este criterio y que han obligado a las entidades financieras a devolver el dinero cobrado de forma retroactiva. Recordemos que el Tribunal Supremo anuló este tipo de cláusulas siempre que no se cumplieran los requisitos de transparencia por parte de las entidades financieras. Eso es precisamente lo que argumentan los bancos. En un intento de mantener este tipo de cláusulas abusivas en sus contratos alegan que las cláusulas suelo son legales a no ser que sean opacas, y que en muchos casos el demandante no es un consumidor, sino una persona jurídica, y que entre las demandas hay contratos que se firmaron a partir de 2009, fecha en la que ya se conocía en qué consistían este tipo de cláusulas. Esta semana, sin ir más lejos, el presidente de Banco Popular, Ángel Ron, recordó que las cláusulas son legales y que la entidad ha cumplido todos los criterios exigidos y ha respetado las reglas en su comercialización. Por su parte, representantes de algunas organizaciones de defensa del consumidor y plataformas de afectados por las entidades bancarias han cifrado en 200 euros mensuales el perjuicio económico que han sufrido los demandantes por la cláusula suelo, también han asegurado que el sector financiero se lleva entre 4.000 y 5.000 millones de euros de modo fraudulento por esta práctica.

La Fiscalía considera que la mejor manera de enfrentarse a las 15.000 demandas de cláusulas suelo abusivas contra un centenar de entidades bancarias es analizarlas por separado. El Fiscal alega que, en muchos casos, esta cláusula fue pactada entre banco y cliente. Las entidades financieras coinciden con esta versión, y recuerdan que algunas se han aplicado a empresas (no a consumidores) y que se firmaron cuando ya se conocía qué eran y las implicaciones económicas que pudieran tener.

La Fiscalía se apoya en las resoluciones de algunas audiencias provinciales, que también comparten este criterio y que han obligado a las entidades financieras a devolver el dinero cobrado de forma retroactiva. Recordemos que el Tribunal Supremo anuló este tipo de cláusulas siempre que no se cumplieran los requisitos de transparencia por parte de las entidades financieras.

Eso es precisamente lo que argumentan los bancos. En un intento de mantener este tipo de cláusulas abusivas en sus contratos alegan que las cláusulas suelo son legales a no ser que sean opacas, y que en muchos casos el demandante no es un consumidor, sino una persona jurídica, y que entre las demandas hay contratos que se firmaron a partir de 2009, fecha en la que ya se conocía en qué consistían este tipo de cláusulas.

Esta semana, sin ir más lejos, el presidente de Banco Popular, Ángel Ron, recordó que las cláusulas son legales y que la entidad ha cumplido todos los criterios exigidos y ha respetado las reglas en su comercialización.

Por su parte, representantes de algunas organizaciones de defensa del consumidor y plataformas de afectados por las entidades bancarias han cifrado en 200 euros mensuales el perjuicio económico que han sufrido los demandantes por la cláusula suelo, también han asegurado que el sector financiero se lleva entre 4.000 y 5.000 millones de euros de modo fraudulento por esta práctica.

Salir de la versión móvil