En 2014 al entidad reguladora, el Banco de España, abrió expediente sancionador a cinco bancos y cooperativas de crédito por incumplir las normas básicas de transparencia en los servicios bancarios. En este aspecto las cláusulas suelo siguen siendo el mayor motivo de enfrentamiento entre las entidades y lo clientes, debido a la opacidad de estas cláusulas. El informe anual de supervisión del Banco de España explica que las entidades bajo investigación habrían incumplido la normativa, sobre todo, en lo referente a la negociación de préstamos con crédito hipotecario para la adquisición de viviendas. Esto se traduce en que la mayor fuente de problemas siguen siendo los contratos hipotecarios con cláusulas suelo.
A pesar de las sentencias dictadas en contra de estas cláusulas suelo, a pesar de que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre la ilegalidad de este tipo de cláusulas abusivas, algunas entidades bancarias y cooperativas de crédito siguen aplicándolas en sus contratos hipotecarios. En el último año el número de demandas por cláusulas suelo ha sido de más de 15.500, frente a las 13.900 reclamaciones sobre otros asuntos bancarios. La falta de transparencia que rodea a este tipo de cláusulas suele ser el principal motivo de conflicto entre el cliente y la entidad.
Además de las cláusulas suelo, hay otros aspectos de estos contratos que resultan poco transparentes como las vinculaciones que se les exige a los clientes, como la contratación de un seguro de vida, planes de pensiones, las comisiones incluidas en los contratos o la cobertura de riesgos, todos estos aspectos suelen generar problemas entre el cliente y la entidad, sin embargo, los bancos son reacios a retirar todas estas condiciones tóxicas.
El organismo regulador del Banco de España insta a estos cinco bancos investigados a ceñirse a la legalidad vigente y a cumplir la normativa del Banco de España sobre la comercialización de créditos que exige a las entidades, entre otras cuestiones, actuar de forma imparcial y profesional; además, les exige evitar técnicas de venta que ocasionen que los clientes suscriban préstamos que no se adapten a sus deseos o necesidades y obliga a incluir los límites de los tipos de interés en el cálculo de la tasa anual del préstamo.
Además de estas prácticas, el Banco de España investiga a otras entidades y cooperativas por deficiencias en los mecanismos de control y gestión de riesgos, incumplimientos de obligaciones relativa a la salvaguarda de fondos (bancos que aconsejan inversiones de riesgo o la compra de productos híbridos y complejos), incluso por déficit de fondos propios con los que trabajar. Estas malas prácticas se suman a otras como la de trabajar con la denominación de «banco» sin tener la licencia necesaria, en este aspecto se revisaron cerca de 130 acciones publicitarias por incumplir con las normas básicas de transparencia.
Por otra parte, el organismo regulador del Banco de España está supervisando a casi medio millar de directivos del sector financiero. Se trata de 487 expedientes de idoneidad abiertos a los miembros de los consejos de administración y directores generales, de los cuales 336 (casi el 70%) corresponden a altos cargos de estas entidades de crédito.
A pesar de las numerosas demandas de los clientes, del escándalo que han supuesto esta clase de prácticas y de las pérdidas materiales que han supuesto para los clientes y para las mismas entidades financieras, éstas siguen aplicándolas en sus contratos, trabajando, como lo han hecho hasta ahora, al margen de la legalidad.