La retroactividad de las cláusulas suelo ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza para los jueces. Algunas Audiencias deciden que se devuelva todo lo cobrado de más. Sin embargo, el Tribunal Supremo, limitó la devolución a mayo de 2013, fecha de su sentencia.
Todo apunta a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tardará mucho en dictar sentencia sobre la retroactividad de las cláusulas suelo españolas.
Las cláusulas suelo ante el Tribunal Europeo
Según los datos que se manejan, la fecha señalada es la del 26 de abril. La cuestión fue presentada, en primer lugar por la Audiencia Provincial de Granada y, más tarde, por la Audiencia de Alicante, hasta en dos ocasiones.
Lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea trata de dirimir no es la nulidad o no de las cláusulas suelo —algo que ya está más que probado por las distintas sentencias—, sino la retroactividad en la devolución del dinero.
La nulidad de las cláusulas suelo ya es indiscutible, pues ha sido declarada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. Esta es una doctrina aceptada por todos los juzgados españoles y que incluso ha sido ratificada y apoyada por una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se rechaza un recurso de amparo presentado por BBVA.
Lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea trata de decidir es la retroactividad de las cláusulas suelo, ya que el Supremo en sus sentencias limita la retroactividad a mayo de 2013, fecha de su primera sentencia contra las cláusula suelo. Según los razonamientos de los distintos tribunales españoles, esta limitación en la devolución del dinero, contraviene lo expuesto en el artículo 1.303 del Código Civil.
Este criterio de retroactividad absoluta que dispone el Código Civil ha sido apoyado por las distintas Audiencias Provinciales y también por la Comisión Europea, que ya se pronunció a este respecto, mostrándose favorable a la retroactividad total en cuanto a la devolución de las cuotas pagadas de más en cláusulas suelo.
Sorprendentemente, en España tanto el Supremo como el Gobierno se ha puesto de parte de las entidades financieras en este asunto, tratando de proteger los intereses de la banca por encima del de los usuarios que se vieron engañados y obligados a pagar de más.
