Con la crisis saltaron todas las alarmas y se destaparon las oscuras prácticas que los bancos estuvieron ejerciendo durante mucho tiempo a espaldas de sus clientes. Como consecuencia de todos aquellos desmanes, muchas familias se quedaron sin casa, otras perdieron todos sus ahorros. La lucha contra las entidades bancarias se convirtió en una auténtica revolución en toda España, ni los medios ni el Gobierno pudieron hacer oídos sordos.
Sin embargo la respuesta del Gobierno fue, como poco, tímida. En lugar de estudiar los casos a fondo e implementar una serie de acciones que eliminarán este tipo de prácticas tóxicas —y en muchos casos ilegales—, se limitaron a dar una serie de «recomendaciones» en boca del Banco de España y de la CNMV, que ni siquiera eran vinculantes, por lo que las entidades siguieron con sus malas prácticas mientras los usuarios vivían en un limbo jurídico,
Preferentes
A pesar de la avalancha de reclamaciones ganadas por los afectados y de que el mismo Gobierno las hubiese declarado como un producto complejo que fue colocado sin ofrecer toda la información necesaria para su entendimiento, siguen sin señalarlas como un producto peligroso en su escala de productos bancarios tóxicos.
Según apuntan las fuentes, no se tachará como producto de alto riesgo hasta 2016, cuando serán marcada en rojo siguiendo la escala cromática de productos de riesgo.
Cláusulas suelo
Esta condición de las hipotecas que impide a los usuarios aprovecharse de los tipos bajos del Euríbor, ha sido condenada hasta en cuatro ocasiones por el Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales y juzgados de lo Mercantil han emitido cientos de sentencia en su contra, pero el Gobierno sigue sin pronunciarse sobre el tema.
Tasadoras y bancos
A pesar de la existencia de leyes que exigen la independencia de las tasadoras, se sabe que durante la crisis la mayoría actuaba en favor de las entidades y que, hoy en día, muchas lo siguen haciendo.
Aunque es posible reclamar no existe una norma actual para proceder a la reclamación, por eso el Banco de España tilda de «frustrante y absurdo» el sistema actual de reclamaciones financieras ya que supone un bloqueo administrativo enorme.